Colombia acepta la responsabilidad por desaparición del soldado Tabares Toro

Desde hace 25 años no hay rastro del soldado Óscar Tabares Toro, quien denunció acoso por parte de su superior jerárquico y a cuya madre le dijeron, en el Ejército, que había enloquecido y desertado. Ante la Corte Interamericana, Colombia aceptó responsabilidad y será condenada.

La noche del 29 de diciembre de 1997, la señora María Helena Toro tuvo una pesadilla, en la que su hijo, el soldado voluntario Óscar Tabares Toro, era asesinado. Lo llamó, pero jamás respondió y desde hace 25 años que no se sabe nada de él. En el Ejército, para entonces, le respondieron que su hijo había enloquecido y que, incluso, había desertado con destino a las Farc. Las inconsistencias develaron un caso de desaparición forzada dentro de la misma fuerza púbica, por la cual el Estado será condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, reconoció la responsabilidad de Colombia por la desaparición del soldado Tabares Toro, militar de vocación y antiguo miembro de la Compañía Tigre del Batallón de Contraguerrillas 20, ubicada en Meta. Ante la Corte IDH, el Estado reconoció la ausencia de garantías que tuvo la familia del soldado para obtener justicia y la falta de respuesta para una familia que debió exiliarse, tras ser amenazada por buscar la verdad del caso.

María Helena Toro tuvo un espacio ante la Corte IDH para describir su caso. Con los ojos cerrados y visiblemente afectada, señaló que la Fiscalía ha hecho poco o nada por develar los motivos y el autor o los autores del crimen. “Todos los entes que están hechos para defender los derechos y defender al pueblo, empezando por el mismo Ejército, no hicieron sino atropellarnos y negar la justicia. Aprovecho este momento para decirle a los padres y a las madres, que por duro que sea, debemos de luchar por encontrar a nuestros seres queridos”, señaló.

Recordó ante los jueces de la Corte cómo su sueño la obligó a llamar una y otra vez al Batallón Contraguerrillas 20. Lo único que recibió fue una llamada, el 6 de enero de 1998, de un soldado que sostenía el celular de su hijo. Toro nunca olvidará que un tercero, ajeno a la llamada, comentó que era necesario que “le dijeran la verdad”. Toro buscó esa verdad en la Cuarta Brigada en Medellín y en la Escuela Carlos Gil Colorado en Bogotá. A cambio recibió una teoría absurda: que su hijo había enloquecido, lanzado una granada a sus superiores y desertado con destino al frente 35 de las Farc.

Con la institución en su contra, por su cuenta y acompañada de su hermano, un exmilitar, María Helena Toro se fue hasta el propio municipio de San Juanito (Meta) a revisar el lugar de los hechos. “Comprobamos el hueco de la granada. Recogí la ropa interior de mi hijo. Debajo de la hojarasca había una carpa con un tiro a quemarropa, llena de sangre y esquirlas”. Es lo único que sabe, porque ni la Fiscalía ni la Procuraduría avanzaron en investigaciones. Tampoco hay condenas por los hechos.

Martha Lucía Zamora, encargada de la defensa del Estado, entregó el tiempo que tenía para contrainterrogar a Toro. En su lugar, aceptó la responsabilidad de Colombia y le habló directamente a la madre del soldado. “La desaparición forzada del soldado Tabares Toro constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Ningún Estado debería permitir o tolerar estos crímenes atroces. Estos hechos que nos convocan nunca debieron haber ocurrido y mucho menos al interior de las fuerzas militares”, señaló.

El expediente da cuenta de que Tabares Toro visitó a su familia en Medellín por última vez en octubre de 1997. Entonces, aseguró tener problemas con su comandante de patrulla, el teniente Iván Ramiro Rodríguez. Tales eran los desencuentros que Tabares Toro pidió dinero para comprar una nueva carpa, dado que al parecer su superior se la había quemado con una vela. El soldado agregó que, a pesar de estar en condición de voluntario, iba a retirarse del Ejército por el maltrato que él y sus compañeros recibían.

“Asimismo, la parte peticionaria (la familia de Tabares Toro) indica que, entre el 12 y el 20 de enero de 1998, la madre de Oscar Tabares recibió información de distintos soldados que apuntaban a que su hijo había sido asesinado. Al parecer, luego de una explosión de granada, Oscar Tabares tuvo una fuerte discusión con sus superiores, el teniente Rodríguez y el Cabo Ernesto Rodríguez Rojas, luego hubo un enfrentamiento físico entre ellos y se oyeron unos disparos”, se lee en el informe que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte IDH en diciembre de 2019.

La Comisión también documentó que la Fiscalía recién inició una investigación contra el teniente Rodríguez en 2006, la cual, a corte de 2019, estaba “estancada”. La Procuraduría, por su parte, ni siquiera hizo labores de búsqueda y archivó el caso basado en “informes y oficios emitidos por el propio Ejército y otorgándole gran relevancia al testimonio del teniente Rodríguez”, señaló la Comisión. Ahora, Colombia se prepara para una nueva condena, por la cual se deberá reparar a la familia del soldado Tabares Toro, cuyo cuerpo sigue sin aparecer.

Fuennte El Espectador

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