Apertura de una reserva de caza en el norte de Tanzania desata un éxodo masai

Tanzania quiere dedicar 1.500 de los 4.000 kilómetros cuadrados de tierras masai a una reserva de caza

El inicio de los trabajos para delimitar 1.500 kilómetros cuadrados de tierras en el norte de Tanzania como una reserva de caza ha disparado las tensiones con la comunidad masai, en el marco de las cuales la Policía ha llegado a cargar contra manifestantes y miles de personas han tenido que huir.

Los enfrentamientos de los últimos días, que se saldaron con cerca de diez líderes comunitarios detenidos y más de 30 heridos, además de un policía muerto, tuvieron su epicentro en Loliondo, en los márgenes del Parque Nacional Serengeti.

Los incidentes estallaron después de que cientos de miembros de las fuerzas de seguridad fueran desplazados a la zona para instalar tiendas de campaña y delimitar la reserva, lo que llevó a los masai a actuar para retirar los marcadores colocados y desplegar grupos de vigilancia en esta zona y en el Área de Conservación de Ngorongoro.

Archivo - Dos masai cruzan una carretera en el Parque Nacional Serengeti, en Tanzania
Archivo – Dos masai cruzan una carretera en el Parque Nacional Serengeti, en Tanzania – JULIA CUMES / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO – Archivo

Líderes de los masai ya reclamaron en abril en una misiva a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea (UE) que trabajaran para preservar sus tierras ancestrales ante el plan para esta reserva de caza, que estaría gestionada por una compañía propiedad de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El intento no es el primero en los últimos años, si bien anteriormente han sido finalmente fallidos ante las presiones internas y externas. Sin embargo, el Gobierno afirmó en febrero que los masai no tienen derechos de propiedad en esta zona.

El Ejecutivo tanzano ha argumentado, además, que no busca expulsar por la fuerza a los miembros de esta comunidad y ha recalcado que intenta llevar a cabo trabajos de conservación, mientras que los masai mantendrían acceso a unos 2.500 kilómetros cuadrados de tierras.

Tras los incidentes, denunciaron que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes y «robaron cabezas de ganado», según ha recogido el diario ‘The Guardian’. «Muchas mujeres fueron golpeadas. Hay muchas mujeres aquí, creo que las usaron como arma», agregó uno de ellos.

«Nuestro Gobierno ha decidido desplegar toda la fuerza armada para expulsarnos de nuestra tierra, hiriendo a muchas personas y dejando a los niños vagando por el bosque», ha criticado otro líder masai en declaraciones a la ONG Survival International.

En este sentido, otro miembro de la comunidad ha resaltado que las autoridades tanzanas «quieren esta tierra porque hay fuentes de agua». «Las tenemos porque las protegemos. Hemos convivido con la fauna durante generaciones», ha explicado.

Asimismo, un activista ha destacado bajo condición de anonimato que «miles» de miembros de la comunidad tuvieron que huir a Kenia para «buscar refugio». «Las víctimas no pueden ir a un hospital en Tanzania porque serían arrestadas», ha explicado.

POSIBLE «EXPULSIÓN FORZOSA»

Por ello, expertos de Naciones Unidas mostraron esta semana su preocupación sobre «la continuada usurpación de las tierras tradicionales y viviendas de los masai», al tiempo que criticaron la «falta de transparencia» por parte de las autoridades tanzanas.

«Estamos muy alarmados por las informaciones sobre el uso de fuego real y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 10 de junio, dejando cerca de 30 heridos entre leves y graves, incluidos heridos de bala, y la muerte de un oficial de Policía», han apuntado.

En esta línea, han alertado de que los planes gubernamentales podrían implicar el desplazamiento de 70.000 masai en las localidades de Ololosokwan, Olorien, Kirtalo y Arash, a pesar de que el Tribunal de Justicia de África Oriental presentó un requerimiento en 2018 y de que se espera que falle sobre el tema el 22 de junio.

«Bajo estas condiciones, parece imposible garantizar que la reubicación de los masai de la zona no equivalga a una expulsión forzosa y un desplazamiento arbitrario, según el Derecho Internacional», han recalcado los expertos, que han dicho que la cifra de desplazados en Ngorongoro y Loliondo podría ascender a 150.000.

Asimismo, han alertado de que «podría poner en peligro la supervivencia física y cultural de los masai en nombre de la ‘conservación natural’, el turismo de safari y la caza de trofeos, ignorando la relación que los masai tienen tradicionalmente con sus tierras, territorios y recursos y su papel clave en la protección de la biodiversidad».

«Pedimos al Gobierno tanzano que detenga inmediatamente los planes para la reubicación de la gente que vive en Loliondo y el Área de Conservación de Ngorongoro y que empiece consultas con los masai, incluidos contactos directos con el Consejo de Pastores de Ngorongoro, para definir conjuntamente los desafíos a la conservación medioambiental y las mejores vías para resolverlos, mientras se mantiene una postura fundamentada en los Derechos Humanos», han zanjado.

Por su parte, el comisionado regional de Arusha, John Mongella, ha explicado que cerca de 300 residentes en el Área de Conservación de Ngorongoro –declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la en 2010 — se han registrado para su traslado a la aldea de Msomera, en la región de Tanga.

«Se está fortaleciendo la infraestructura, dado que se han construido ya 103 casas y se empezará la primera fase de retirada de ganado, propiedades y residentes. Estamos preparados para ello», ha dicho, según ha recogido el diario tanzano ‘The Citizen’.

«UNA CATÁSTROFE HUMANITARIA»

Por ello, la investigadora de Survival International Fiore Longo ha alertado de que «lo que ocurre en Loliondo se está convirtiendo rápidamente en una catástrofe humanitaria que revela la verdadera cara de la conservación de la naturaleza».

«A los masai los están acribillando sólo porque quieren vivir en sus tierras ancestrales en paz, y todo para dejar el camino libre a la caza de trofeos y a la ‘conservación'», ha denunciado, según un comunicado publicado por la organización.

«Muchos masáis que se enfrentan a la violencia hoy en día también fueron expulsados del Serengeti en 1959 por funcionarios coloniales británicos. Lo que está ocurriendo actualmente es en realidad una continuación del pasado colonial», ha argumentado.

Así, ha hecho hincapié en que esta situación «es la realidad de la conservación de la naturaleza en África y Asia» y ha agregado que estos procesos implican «violaciones diarias de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales para que los ricos puedan cazar e ir de safari».

«La teoría es que los humanos, especialmente los no blancos, son una amenaza para el medio ambiente en las áreas protegidas, pero los pueblos indígenas han vivido allí durante generaciones. Estos territorios son ahora importantes zonas de conservación de la naturaleza precisamente porque los habitantes originarios cuidaban muy bien de su tierra y su fauna», ha reseñado Longo.

A las críticas se ha sumado Amnistía Internacional, que ha apuntado que «esta expulsión forzosa e ilegal es sorprendente en su escala y su brutalidad», antes de explicar que «las autoridades tanzanas nunca debieron haber destinado esta zona a negocios privados sin consultar antes con la comunidad masai, cuyo sustento depende de su tierra ancestral».

«Si esta confiscación de tierras sale adelante, el sustento de la comunidad masai y su forma de vida están en peligro», ha dicho el director de la ONG para África Oriental y del Sur, Deprose Muchena, que ha pedido el fin de las operaciones de demarcación y seguridad en Loliondo para abrir un proceso de conversaciones.

Muchena ha incidido en que «deben ofrecerse suficientes remedios a todos los afectados e investigarse la brutal violencia que ha tenido lugar durante los últimos días». En este sentido, ha reclamado investigaciones «rápidas, efectivas e independientes» pra que «los responsables sean llevados ante la justicia en juicios justos».

Fuente EUROPA PRESS

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