Un fallo administrativo en España pone en riesgo el suministro de 60.000 MW de energía renovable

La tramitación de los permisos necesarios para garantizar el acceso y conexión a la red eléctrica de los numerosos proyectos de energías renovables en el país se halla en un cuello de botella. La administración apenas tiene capacidad para darles salida en plazo. Las inversiones, unos 40.000 millones de euros, están comprometidas.

Los permisos para acceder y conectarse a la red eléctrica de muchos proyectos de energías renovables están próximos a caducar. De no renovarse en plazo, entre diciembre y abril España podría privarse del 50% de la energía eólica y del 40% de la fotovoltaica con el punto de conexión concedido. Unos 20.000 y 40.000 megavatios (MW), respectivamente.

Las administraciones autonómicas y la central carecen de recursos suficientes para atender de forma conveniente a las solicitudes de autorización previa y de construcción, tampoco a las declaraciones de impacto ambiental (DIA). El atasco administrativo es tal, que esos proyectos, con una potencia conjunta de 60.000 MW, ni siquiera han iniciado aún el trámite de información pública, condición previa para la expedición de la DIA. Como resultado del retraso, es posible que estos proyectos pierdan los puntos de conexión ya concedidos y que las inversiones que han conllevado, que ascienden a cerca de 40.000 millones de euros, estén amenazadas, al igual que los puestos de trabajo y la capacidad renovable del país.

Una solución sería prorrogar los plazos, cosa que permitiría a los promotores de proyectos de generación de energías renovables no perder los permisos de acceso y conexión. Los independentistas catalanes del PDeCat han propuesto extenderlos, aunque el Gobierno puede vetar la enmienda. Según estipula el Real Decreto-ley 23/2020, los permisos de acceso caducan a los cinco años si antes no se obtiene la autorización de explotación, que implica la entrada en funcionamiento del proyecto.

Freno a la especulación

Los actuales trámites administrativos obedecen al propósito de gestionar el auge en los últimos años de las energías renovables en España, cuando se quiso poner freno a la creciente especulación que un principio existía a cuenta de la venta de puntos de acceso. El Gobierno cambió parte de la normativa para que la concesión de permisos estuviera ligada a la mayor solidez posible de los proyectos.

Pero en el sector de las renovables se considera que en los puntos de acceso todavía figuran muchos proyectos con carácter especulativo, por lo que cabe retirarlos. Aunque España es uno de los países de la UE que más avanza en materia de energía verde, la acumulación de proyectos es un problema. Y dada la actual escasez de recursos para evaluar los proyectos, el sector viene exigiendo una regulación de su caducidades, para retirar los que no se promocionen.

También despunta una cuestión de percepción social. En determinadas regiones de España, la instalación de grandes plantas despierta suspicacias, habida cuenta de la notoriedad del desembarco de la inversión, que contrasta con la escasa información al respecto que se brinda a las poblaciones. Es decir, no se explica bien la cantidad de dinero empleado y el beneficio que puede generar en la zona.

Cortesía de Sputnik

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