Llegan a 14,8 millones las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe que no acceden de forma «efectiva» a sus derechos

La «informalidad» y la «falta de cumplimiento de las leyes» que «lastran los avances normativos» sobre la materia en la región.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado este miércoles de que 14,8 millones de trabajadoras domésticas de América Latina y el Caribe no pueden acceder de forma «efectiva» a sus derechos y protecciones a causa de la «informalidad» y la «falta de cumplimiento de las leyes» que «lastran los avances normativos» sobre la materia en la región.

14,8 millones de trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe no acceden de forma "efectiva" a sus derechos
Archivo – Una mujer en Huaraz, Perú – RICARDO MOREIRA / GETTY IMAGES – ARCHIVO

Las condiciones del trabajo doméstico en América Latina y el Caribe han registrado avances desde que se aprobó el Convenio 189 de la OIT hace una década, pero los datos más recientes indican que «hay un largo camino por recorrer en materia de formalización y cumplimiento efectivo de las leyes», ha precisado la organización de acuerdo a un informe.

Según la OIT, de los 14,8 millones de trabajadoras domésticas que contabilizadas en la región en 2019, el 72,3 por ciento no tiene acceso a un empleo formal, mientras 725.000 se enfrentan a niveles de protección legal «insuficientes o inadecuados», y diez millones «carecen de cobertura por la falta de aplicación de las leyes y las políticas vigentes».

Por ello, solo son 4,1 millones las trabajadoras de este área que «pueden acceder efectivamente a sus derechos y protecciones en la realidad».

El director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, ha señalado que «la alta proporción de ratificaciones» del mencionado convenio y los «grandes» avances legales y de políticas revelan el «alto compromiso» de los países de la región «con la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar».

No obstante, ha avisado, «queda pendiente la parte más decisiva», «conseguir su aplicación para hacer realidad el trabajo decente en el trabajo doméstico».

DATOS DEL INFORME

El informe ‘El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a diez años del Convenio’ recoge que en once de los 24 países considerados, la jornada laboral para las trabajadoras domésticas es «similar a la ordinaria», mientras las «brechas principales» se dan en Centroamérica y República Dominicana, que solo establecen un «tiempo mínimo diario de descanso».

En la práctica, solo cuatro de cada diez trabajadoras domésticas de la región tienen una jornada de entre 35 y 48 horas semanales, mientras se aprecian extremos de más de 60 horas, que afecta a un 3,8 por ciento de las empleadas, y, por el contrario, menos de 20 horas para el 23,3 por ciento.

Respecto a la remuneración, 22 de los 24 países reconocen la protección del salario mínimo para las trabajadoras domésticas, pero en tres de ellos es inferior al establecido para otros grupos, y en diez, parte del pago puede ser «en especie».

Sin embargo, el informe detalla que Brasil, Chile, Perú prohíben el pago en especie, y en Costa Rica, que la remuneración en especie sea parte del salario mínimo.

En la realidad, aunque la situación ha mejorado con respecto a 2012, en 2019 las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe reciben un ingreso mensual equivalente al 44,7 por ciento del percibido por las personas asalariadas, y esta brecha es aún mayor si se considera únicamente a aquellas que trabajan en la informalidad, pues su salario es del 37,5 por ciento del de las personas asalariadas, agrega el documento.

Dichas brechas pueden ser producto «tanto de las jornadas de trabajo muy cortas como de las jornadas largas con un salario por hora muy bajo», o consecuencia de la «falta de protección del salario mínimo, de la fijación de salarios mínimos inferiores para el trabajo doméstico o de la falta de cumplimiento», ha lamentado la OIT al respecto.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LEGAL

Por otro lado, el 97,1 por ciento de las trabajadoras en la región están cubiertas legalmente por «al menos una rama de la seguridad social», pero tan solo el 9,8 por ciento cuenta con la «cobertura de todos los beneficios».

En la mayoría de los países de la región, la afiliación de las trabajadoras domésticas a la seguridad social es obligatoria, aunque esto no siempre garantiza la cobertura efectiva, según el informe, que apunta a que las altas cuotas de informalidad dan cuenta de ello.

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay permiten modalidades de aseguramiento acordes a las características del trabajo doméstico remunerado y han desarrollado acciones para promover el aseguramiento, por lo que la informalidad se ha reducido, subraya.

Respecto a la protección legal de licencia de maternidad, el documento afirma que el 97,4 por ciento de las trabajadoras del hogar lo disfruta y solo en República Dominicana no se reconoce este derecho.

Por otra parte, ahonda en que en los caribeños Granada y Jamaica el periodo de licencia para las trabajadoras domésticas es inferior al reconocido para otras trabajadoras.

Además, el 80,7 por ciento de las trabajadoras domésticas tienen derecho a recibir prestaciones pecuniarias durante la licencia de maternidad, y únicamente en Honduras y República Dominicana están excluidas de este derecho.

PERFIL

Sobre el perfil, el informe marca que el 91,1 por ciento de quienes se dedican al trabajo doméstico de forma remunerada en la región son mujeres con una edad media que ha aumentado de 34,5 años en 2012 a 42,2 años en 2017.

En la región, según indica el estudio, las mujeres indígenas y las afrodescendientes se encuentran «sobrerrepresentadas» en el trabajo doméstico, con datos muy diversos entre países.

Igualmente, las trabajadoras domésticas migrantes son el 35,3 por ciento del total de trabajadoras migrantes, y el trabajo doméstico remunerado tiene un «mayor peso» para las mujeres migrantes que para las nacionales.

Ante todo ello, el director regional de la OIT ha alentado a los países a que «adopten y adapten» buenas prácticas para «garantizar los derechos laborales a las trabajadoras domésticas nacionales y no nacionales», cuya labor es «crucial» para el «funcionamiento de los mercados de trabajo y de las sociedades en su conjunto». «La pandemia lo ha dejado patente más que nunca antes», ha sentenciado..

Fuente Europa Press

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