ENTREVISTA| Comunicadora Lilián Abracinskas: «Garantizar no puede ser nombrar objetores de conciencia, garantizar no puede significar que hayan tres hospitales públicos sin ningún profesional dispuesto a implementar servicios que determinan la ley»

Bajo el Lema #LaIVEsedefiende 4.000 firmas fueron presentadas este miércoles 10 al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, con solicitudes de mujeres que reclaman garantizar el procedimiento de interrupción del embarazo, legal en el país desde la aprobación de la Ley 18.987 en 2012.

La entrega se dió en el marco de una convocatoria realizada a través de las redes sociales que invitaba a todas las mujeres feministas a reclamar contra la amenaza de los derechos conquistados, a las 18 horas en la Plaza Independencia de Montevideo, frente a la Torre Ejecutiva —sede del Poder Ejecutivo—.

La cita fue motivada por un reciente caso en el cual se denuncia hubo violación del procedimiento. La ginecóloga Gabriela Fisher, quien fue designada como referente de salud sexual y reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) del área metropolitana de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), interfirió en la interrupción de un embarazo que se encontraba dentro de los plazos legales.

Ante esta situación la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), se puso en conocimiento del caso y brindó asesoramiento a la paciente y acompañamiento en la denuncia correspondiente ante el organismo.

Manifestantes en Uruguay en la convocatoria en defensa de la Ley Voluntaria de Interrupción al Embarazo - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Camila Bentancor Santana

La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, sostuvo que además de este suceso, Uruguay se encuentra en un contexto de «señales preocupantes».

Por un lado el presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, fue director técnico del sanatorio Círculo Católico, «una de las dos instituciones objetoras de ideario»—junto con el Hospital Evángelico—.

«No puede la excepción de un sistema convertirse en la regla, y una cosa que se le permite a una institución privada es inaceptable en una pública», manifestó Abracinskas.

A su vez, días atrás Cipriani sostuvo a la prensa que ASSE revisaría «los procesos de aborto para asegurarse que los equipos no los aprueben de forma automatizada». Sus declaraciones generaron rechazo social dado que no es tarea de los equipos de salud aprobar o no el procedimiento, sino brindar acompañamiento e información.

En tanto, el accionar de opositores a la Ley 18.987, como del dirigente del Partido NacionalCarlos Lafigliola, quien presentó en octubre al organismo una propuesta titulada «Alternativas del Aborto para madres con alta vulnerabilidad social» y afirmó tener «voluntad política» para implementarla, es otra de las «señales» que ponen en alerta a los diferentes colectivos.

Si bien MYSU pudo corroborar que ASSE no aplicará la propuesta, el reciente intento de obstaculizar el procedimiento del IVE a una mujer de Canelones pone en discusión la aplicabilidad de la ley en el organismo.

Ni una sola interferencia

Abracinskas contó que la situación se dió en la etapa conocida como «IVE 4» del procedimiento, en la que la mujer debe realizar una consulta de control.

Tras concluir que la medicación no había tenido el resultado esperado, correspondía que se reiterara la prescripción, algo que no sucedió.

«Como [Fisher] era objetora, no solo no deriva el equipo que tendría que dar la medicación para seguir el proceso de la administración para abortar, sino que le dice que ‘ya no hay nada que hacer’, que se haga cargo de ese embarazo, que si no lo quiere que por lo menos piense en la criatura y lo dé en adopción», sostuvo.

Ya en conocimiento de los hechos, MYSU se contactó con la referente del área país, Mónica Gorgoroso, quien intervino derivando el caso a un hospital de Montevideo.

«Garantizar no puede ser nombrar objetores de conciencia, garantizar no puede significar que hayan tres hospitales públicos sin ningún profesional dispuesto a implementar servicios que determinan la ley —es el caso de Colonia del Sacramento en el departamento de Colonia, la ciudad de Mercedes en el de Soriano y en Melo, Cerro Largo—», dijo Abracinskas.

A raíz de los hechos y luego de la presentación formal de la denuncia el jueves 4 de noviembre, ASSE inició una investigación administrativa en la RAP y a nivel central.

Teñidas de naranja

Las manifestantes comenzaron a llegar a la plaza poco antes de las 18.00 horas.

Con pañuelos, carteles, rostros pintados y la icónica mano naranja —logotipo de la campaña en 2010 por el aborto legal en Uruguay—, se acercaron mujeres, niños e incluso hombres para apoyar la causa.

Ante los presentes, feministas autoconvocadas y miembros de organizaciones, entre las que se encontraba la antropóloga especialista en género y activista Patricia Totorica, impulsora de la concentración, leyeron una declaración con 4.000 adhesiones, previo a ser entregada en Torre Ejecutiva, dirigida al mandatario uruguayo.

En la declaración se presenta un «total rechazo a los dichos del presidente del directorio de ASSE y otros actores políticos con respecto al control de los procesos de IVE con el fin de desestimular los abortos».

Asimismo, se exige la renuncia de Cipriani como presidente en el directorio de ASSE y la designación de «personas idóneas sensibilizadas con la temática, donde prevalezca una mirada integral, de derechos humanos y con enfoque de género».

Desde MYSU esperan también la suspensión del cargo de Fisher «hasta que se dirima la investigación», a lo que estarán «dándole seguimiento», acción a la que se comprometieron tanto el representante de trabajadores, como la representante de usuarios en el directorio de ASSE.

Por otro lado MYSU apunta a una mayor difusión de los servicios habilitados para la implementación de la ley, así como los mecanismos de denuncia en caso de la imposibilidad de acceder a ellos.

En caso de una alteración del procedimiento las usuarias pueden presentar una denuncia administrativa en el organismo, la que desde el colectivo se recomienda enviar también al Ministerio de Salud Pública.

Cortesía de Camila Betancor Santana Sputnik

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